Funcas | La reforma de las reglas fiscales europeas va a obligar a España a revisar su propio marco de estabilidad fiscal, incluyendo las siempre pospuestas reformas de los modelos de financiación autonómica y local. El último número de Papeles de Economía Española, publicación editada por Funcas y que ha sido coordinado por Diego Martínez, aborda la reforma de las reglas fiscalestras la pandemia, con especial atención al caso español en la medida en que se circunscribe a una gobernanza fiscal más estricta que la europea y dadas las complejidades del modelo de federalismo fiscal. La revista, que se ha presentado hoy en Funcas, llega en pleno debate sobre la vuelta de las reglas fiscales y en un momento en que la normalización de la política monetaria, y su impacto en la deuda pública, apremia a adoptar ya un plan de consolidación fiscal gradual, creíble y razonable.

La necesidad de un nuevo enfoque en la gobernanza fiscal europea se ha reforzado en los últimos años. Si justo antes de la pandemia ya se percibían desajustes en este ámbito, parece haberse inaugurado una nueva generación de reglas fiscales en cuanto a diseño y aplicación. El desafío de volver al Pacto de Estabilidad y Crecimiento no será sencillo. No se trata solo de definir las condiciones que activan las cláusulas de salvaguarda, sino también la forma de transitar los períodos de excepcionalidad fiscal y su estrategia de salida. A medida que los países vuelven a las reglas fiscales, tienen la oportunidad de conseguir nuevos marcos de responsabilidad fiscal mejor preparados para afrontar futuros shocks, más sencillos, transparentes y guiados por una mayor visión de medio y largo plazo.

Cristina Herrero realiza una valoración crítica de la gobernanza fiscal española a través de sus principales reglas fiscales, sin perder de vista el marco institucional europeo. En su opinión, ambos marcos presentan deficiencias como la falta de una visión de medio plazo, la complejidad e inoperabilidad de algunas reglas y la escasa atención al crecimiento económico y composición de las finanzas públicas. Además, critica específicamente el modelo de gobernanza fiscal española: su escasa consistencia en la asignación de objetivos fiscales entre los diferentes niveles de gobierno, la aplicación de la regla de gasto consolidando incumplimientos, etc. El diseño del marco fiscal no ha resuelto la complejidad adicional derivada de la descentralización, que requiere de una transparencia, coordinación y corresponsabilidad de todos los niveles de la Administración hasta el momento muy limitadas. La autora apuesta por una reforma de las reglas fiscales alineada con la propuesta europea, orientada hacia reglas más simples y operativas y con un refuerzo del enfoque de medio plazo.

Santiago Lago detalla posibles vías de reforma de la gobernanza fiscal española dada la descentralización de las administraciones públicas. Mientras que las corporaciones locales en su conjunto no preocupan en el ámbito de la estabilidad fiscal, la situación de las haciendas autonómicas sí debería reconsiderarse. Si en 2010 la deuda de las CCAA suponía el 11,6% del PIB, en 2022 ha sido del 25%. En la OCDE, solo en Canadá los Gobiernos intermedios tenían una ratio de deuda más elevada con datos prepandemia. El autor propone opciones para redefinir la disciplina fiscal en las CCAA, como la adopción de un esquema similar al planteado a nivel europeo (la deuda pública como variable ancla y la regla de gasto como instrumento) o una versión mejorada del modelo actual basado en objetivos fiscales en términos de estabilidad presupuestaria. También deberían contemplarse reformas como las de los sistemas de financiación territorial o la progresiva eliminación de los mecanismos extraordinarios de liquidez.

Raquel Lorenzo, Diego Martínez y Javier J. Pérez se centran en la evolución de la deuda pública sobre PIB, ratio que se atisba como esencial en el nuevo marco de gobernanza fiscal europea, y constatan lo complicado que será para los principales países de la zona euro acometer procesos de consolidación fiscal exitosos. Primero estiman para un grupo de países centrales de la zona euro el saldo público primario necesario para alcanzar valores del 60% u 80% de deuda pública sobre PIB. Los superávits requeridos estarían muy alejados de los registros históricos de países como Francia, Italia o España. En un segundo ejercicio, centrado en España, se preguntan qué saldo presupuestario sería necesario para reducir la deuda pública en 20 puntos del PIB en la próxima década. El resultado es que exigiría eliminar el actual déficit público estructural del 4%. En este contexto, cualquier proceso de consolidación fiscal en los próximos años requerirá actuar de manera decisiva por el lado de los ingresos y del gasto público.

Enrique Devesa y Rafael Doménech cierran el número abordando el encaje de las finanzas de la Seguridad Social, y en particular las referidas al sistema de pensiones de jubilación, en el sistema de reglas fiscales, habida cuenta de que el gasto en pensiones es la principal partida de los presupuestos públicos y de la preocupación sobre su evolución en los próximos años. Los autores constatan que la introducción de mecanismos de ajuste que ligan la cuantía de las pensiones a la disponibilidad de recursos en un escenario intertemporal, corrigiendo por factores demográficos, es una herramienta eficaz para garantizar su sostenibilidad. Así, se puede mejorar la contributividad y equidad intergeneracional del sistema y, además, reducir la discrecionalidad en la adopción de futuras medidas de gasto o ingreso.